Colombia: llaman a una Asamblea Nacional Popular, mientras continúan las protestas, la represión y la violación a los DD.HH.

Foto: Juan Barreto / AFP

Continúa la mesa de diálogo el Comité Nacional del Paro y el gobierno de Iván Duque, aunque sin avances concretos, dado que continúan las protestas callejeras y los bloqueos de carretera, cuyo levantamiento es la condición gubernamental para negociar. En este marco, el Comité reconoció que no representa ni controla a toda Colombia ni a las movilizaciones.

En tanto, Duque responde con más represión y militarización. Mientras, las organizaciones que integran el Congreso de los Pueblos hacen un llamamiento al pueblo colombiano a conformar «una Asamblea Nacional Popular en Bogotá los próximos días 6, 7 y 8 de junio, como un mecanismo amplio y democrático de articulación y proyección de las luchas populares, territoriales, sectoriales y poblacionales».

Los organismos de DD.HH. continúan relevando y denunciando casos de personas desaparecidas, asesinatos policiales, centros clandestinos de tortura, diversas formas de violencia represiva y sexual. En este contexto, mientras el gobierno pone el foco en los bloqueos de carreteras, este jueves Colombia rompió dos nuevos récords sanitarios: 28.624 nuevos casos de covid-19 y 545 muertes. Por ANRed.


Mientras se adelanta una nueva reunión para hoy entre el gobierno de Iván Duque y el Comité Nacional del Paro para buscar un consenso que permita avanzar a la mesa de negociación, el presidente Iván Duque se refirió a los bloqueos en varias carreteras del país, argumentando que no son un tema de negociación ni de trueque y que se tienen que levantar, como condición para avanzar con las negociaciones. Para la reunión de hoy seguirán contando con la presencia del representante de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Carlos Ruiz, y monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Iglesia Católica, en calidad de garantes.

En tanto, el Comité de Paro reconoció públicamente que no representa a toda Colombia ni a las movilizaciones y bloqueos. «Si se levanta el paro hay mucha gente va a seguir marchando. Sería irrespetuoso decir que uno representa a todo el país. Aquí hay muchos procesos, organizaciones sociales, sindicales, populares, indígenas, afros, campesinos, jóvenes y estudiantes que se sienten representados y que están representados. Y claro que hay que llamar a esos jóvenes, para que tengan acá sus vocerías, y eso es parte del llamado que siempre se ha hecho por parte del Comité Nacional del Paro. No tiene las puertas cerradas», expresó Nelson Alarcón, integrante del Comité.

En este clima álgido, donde continúa el Paro Nacional por tiempo indefinido, los bloqueos de carreteras y las protestas callejeras, el Congreso de los Pueblos – movimiento político y social que agrupa a diferentes sectores y actores, y que es uno de los sectores que mantienen las protestas y bloqueos – hizo un llamamiento al pueblo colombiano a «instalar la Asamblea Nacional Popular en Bogotá los próximos días 6, 7 y 8 de junio, como un mecanismo amplio y democrático de articulación y proyección de las luchas populares, territoriales, sectoriales y poblacionales».

Propone que esa asamblea sea «un espacio de encuentro amplio, consultivo, democrático, participativo, decisorio y vinculante, que tenga la presencia de todos los procesos hoy en lucha y movilización contra el régimen fascista», con el «propósito central fortalecer una estrategia de acción política común», para «profundizar y extender el Paro Nacional para derrotar al gobierno autoritario, represivo e indolente de Duque y sus políticas antipopulares«;

«legitimar todas las formas y acciones de lucha juvenil y popular desarrolladas durante el paro nacional y, en particular, fortalecer e impulsar los bloqueos, las guardias comunitarias y las ollas populares«; «enfrentar el plan sistemático del Estado de abatir la lucha popular mediante el asesinato, la desaparición, la brutalidad de las fuerzas represivas del Estado contra líderes y lideresas del movimiento social, de defensores de derechos humanos y comunicadores populares«;

«condenar la estigmatización, criminalización en contra la juventud colombiana y demás luchadores»; «acordar los objetivos generales del movimiento y las acciones principales a desarrollar en este momento histórico de levantamiento popular»;

«consolidar las bases de una propuesta de transformación del país o Plan de Vida para el pueblo colombiano«; y «respaldar y convocar todos los esfuerzos por la articulación y unidad de los sectores populares y democráticos del país, así como de la diáspora colombiana y su vinculación como sujeto de derecho político pleno en la construcción de los destinos nacionales».

En este marco, continúan las denuncias superpuestas de organismos de derechos humanos de violación a los derechos humanos por parte de las fuerzas represivas policiales y militares al mando del gobierno, con el aumento de las desapariciones forzadas, los asesinatos y los centros clandestinos de detención y tortura.

También se han podido registrar helicópteros del Ejército que persiguen a manifestantes durante la noche en las ciudades donde se desarrollan las protestas, en las que, ademas, manifestantes denuncian que la policía se moviliza con civiles armados. Incluso, en el centro de la ciudad de Cali, el Canal 2 denunció la existencia de un centro de detención clandestino donde se retienen a más de 400 jóvenes.

Asamblea Popular en Arauca

Por: Redacción Trochando junio 4, 2021 Share

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Redacción Trochando

En su Boletín Informativo N°16, la Campaña Defender la Libertad, un Asunto de Todas realizó un balance represivo del 28 de abril (cuando comenzó el Paro Nacional) hasta el miércoles 2 de junio, que arrojó las siguientes cifras:

  • «76 homicidios, de los que 34 fueron cometidos presuntamente por el accionar de la fuerza pública, los demás fueron realizados por ‘civiles’ sin identificar en el marco de la protesta social pacífica o no se tiene información clara sobre ello.
  • 988 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el ESMAD. En estos últimos días se han incrementado a 74 los casos de lesiones oculares y a 87 los casos de personas heridas por arma de fuego.
  • 151 personas defensoras de DD.HH. han sido agredidas en el marco de su labor de acompañamiento a las jornadas de protesta social, desempeñando su rol de Comisiones de Verificación e Intervención CVI.
  • 491 mujeres víctimas de violencias policiales, de las cuales: 337′ fueron detenidas, en su gran mayoría de manera arbitraria, 84 fueron heridas, 2 mujeres fueron asesinadas presuntamente por el accionar de la fuerza pública, 41 defensoras de derechos humanos han sido agredidas. Adicional a ello, una joven menor de edad decidió suicidarse de manera posterior a sufrir agresiones sexuales por parte de la fuerza pública en Popayán, Cauca.
  • 87 personas fueron víctimas de violencias basadas en género (VBG), ejercidas por la misma institución, según la Defensoría del Pueblo, 2 casos de violencia sexual, 14 de otros casos de violencias sexuales.
  • 2.395 personas han sido detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por protección, siendo sometidas en muchos casos a tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
  • 20 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 12 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
  • 1.273 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial. Las cuales obedecen a diferentes denuncias que registran las Comisiones de Verificación e Intervención CVI, así como las organizaciones articuladas en la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas y la ciudadanía en general.
  • 346 personas se encuentran desaparecidas, presuntamente en el marco de detenciones arbitrarias y/o en el desarrollo de actividades de protesta social pacífica, esto de acuerdo con el trabajo realizado en la Mesa de Trabajo de Búsqueda de Personas Desaparecidas de organizaciones sociales.»

Trochando Sin Fronteras, junio 4 de 2021

Frente a los 200 delegados se presentaron las conclusiones de las Asambleas Municipales y los disensos encontrados. Este documento estará en consideración de la Asamblea Departamental para su aprobación. Así como la discusión de los disensos.

La presentación realizada explicó que las comunidades en sus discusiones plantearon reivindicaciones inmediatas, puntos de programa y apuestas de transformación para el país.

Estas son las propuestas que las comunidades llevarán a la Asamblea Nacional Popular:
Salud
  • Reforma constitucional en la que se entienda que el proceso de salud – enfermedad, es un producto de las condiciones sociales y materiales de los pueblos, por tal razón se necesita un sistema público y gratuito de salud, de acceso universal, sin intermediación financiera, que fortalezca la atención primaria en salud de manera efectiva, con enfoque colectivo, multicultural y étnico, que garantice la atención y rehabilitación de la enfermedad con calidad, donde prime la dignidad humana; priorizando la promoción y prevención a partir de garantizar la vigencia de los derechos a vivienda, trabajo, ambiente sano, recreación, agua potable y saneamiento básico.

Mientras avanzamos en ese objetivo, es necesario:

  • Implementar y fortalecer la red pública hospitalaria de la región.
  • Adecuar la ESE del Sarare a un mayor nivel de complejidad.
  • Equipamiento de los hospitales públicos y ESEs del departamento, con tecnología de punta.
  • Adecuación de Centros de salud, con profesional idóneos para la atención a las comunidades dispersas y comunidades étnicas.
  • Eliminación de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio EAPB, y eliminación de copagos.
  • Desarrollar empresas estatales de producción tecnológica, genética y farmacéutica.
  • Garantizar condiciones laborales estables para los trabajadores del sector.
  • Eliminar el sistema de SISBEN.
  • Reconocimiento de la medicina ancestral y tradicional como derecho de los ciudadanos según su cultura.
Educación
  • Garantizar una cobertura universal, pública, gratuita y de calidad de educación, que responda a las realidades sociales y territoriales, formando pensamiento crítico para comprenderlas y transformarla.
  • Aumento progresivo de recursos para la educación.
  • Inversión en infraestructura y capacitación para innovación técnica, tecnológica y científica.
  • Fortalecer la interculturalidad y multiculturalidad en el modelo educativo, así mismo, garantía de inclusión a personas con capacidades diferentes.
  • Garantizar la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas, (aplicación de la ley CEIN y el decreto 804).
  • Acabar con el Icetex, ya que esta supuesta financiación educativa sólo genera profesionales con una amplia deuda y sin garantías laborales.
  • Construir el estatuto único docente.
  • Reestructurar la relación docente–estudiante, que permita el aumento de la contratación de docentes y disminuir el hacinamiento en las aulas.
  • Suprimidas las pruebas ICFES como requisito para acceder a la educación superior pública.
  • Implementar estrategias de formación permanente para los docentes.
  • Garantizar los 3 niveles de preescolar.
  • Creación del currículo regional propio, que responda a las necesidades y particularidades de cada territorio, incluyendo la promoción y fortalecimiento de los semilleros de investigación. Ya que el enfoque cognitivo que posee el currículo existente pierde de vista el deporte, el arte y las ciencias humanas; desconociendo las distintas formas de aprender de los estudiantes.
  • Construir un sistema de educación superior para la región, que articule las experiencias de los pueblos afro, Indígena y Mestizo.
  • Garantías de transporte y movilidad para los estudiantes en todos los niveles.
  • Contratación de programas de alimentación escolar con las asociaciones de padres de familia.
  • Universidad pública e intercultural en el departamento.
  • Legalización de los predios de las Instituciones Educativas.
  • Fortalecer los procesos de formación y no los eventos, gestionar con el gobierno municipal y departamental para dar continuidad a los gestores culturales y deportivos.

[1] Según cifras del DANE, 3,3 millones de jóvenes ni estudian ni trabajan.

Tributario
  • Que las reformas tributarias se reflejen en beneficio a los trabajadores, enfatizando en programas para el bienestar general de la Sociedad.
  • Mejorar los salarios de los trabajadores en busca de dignidad.
  • El IVA debe reducirse de forma progresiva.
  • Mantener el impuesto al patrimonio de manera permanente enfatizando en la concentración de tierras.
  • Disminuir los impuestos a los pequeños empresarios y microempresarios.
  • Control a los recaudos públicos. De lo contrario no hay reforma tributaria que aguante, para ello se requieren cambios estructurales que permitan frenar la corrupción.
  • Reducción del impuesto al consumo.
  • A nivel municipal la alcaldía debe asistir a los vendedores informales de cara a las problemáticas económicas generadas por la pandemia.
  • Desgravar los insumos agropecuarios y la maquinaria productiva y apoyar la autoproducción.
  • Desmonte total del 4 por mil.
  • Renegociar los TLC con el fin que se generen beneficios para la economía local.
  • Reducción del congreso y los órganos de elección popular.
  • Analizar la estratificación para efectos económicos, lo que se traduce en pago de impuestos y beneficios del Estado.
  • Subsidiar la adecuación tecnológica frente a la facturación electrónica.
  • La excepción del IVA para zonas de fronteras.
  • No grabar los productos básicos de la canasta familiar.
  • No al gravamen de los ingresos bajos y medios.
  • Eliminar las exenciones al capital nacional y trasnacional.
  • Que se revisen los costos de los servicios que prestan las cámaras de comercio.
Laboral y Pensional
  • los fondos de pensiones deben ser públicos.
  • Bajar salarios y eliminar los privilegios pensiónales a presidente, congresistas, ministros y demás cargos burocráticos de alto nivel.
  • Las Reformas necesarias para las políticas públicas se construyan de manera concertada con el pueblo.
  • Empleo formal, estable y con salario digno con inclusión a las personas con capacidades diferentes.
  • Eliminar la experiencia como requisito para acceder al empleo.
  • Garantizar el derecho del cónyuge o herederos a recibir la pensión del trabajador que fallece.
  • Fortalecimiento del sistema productivo, empresarial y agroindustrial del país.
  • Generar una compensación laboral a los trabajadores informales y temporales hasta alcanzar un salario digno.
  • Garantizar los subsidios al desempleo.
  • Fortalecimiento a los proyectos de economía solidaria para generación de empleo a través de la Inclusión en el Fondo Emprender, Infraestructura y equipos, Inversión directa, Reducción de impuestos, Capacitación en administración, entre otras.
  • Garantías para la organización Sindical.
  • Disminuir el número de semanas cotizadas y la edad de pensión.
  • Mantener los aportes estatales al sistema pensional
La criminalización de la protesta social y los Derechos Humanos
  • Desmilitarización de nuestros territorios y desmonte de las estructuras paramilitares.
  • Restructurar la Policía Nacional, la cual debe ser una institución adscrita al ministerio del interior.
  • Desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios
  • Acabar la justicia penal militar.
  • Derogar el Decreto 575 de 2021, por el cual se imparten instrucciones para la conservación y restablecimiento del orden.
  • Instalación y dinamización de las Mesas Territoriales de Garantías.
  • Desarrollar una audiencia pública departamental para la denuncia de la violación de DDHH con acompañamiento de organismos internacionales.
  • Impugnar las Zonas Estratégicas de Intervención Integral o también conocidas como “Zonas Futuro”, establecidas en cinco regiones del país.
  • Investigar y sancionar a los responsables de las diferentes violaciones de derechos humanos y crímenes de Estado, garantizando la reparación integral y No repetición.
  • Fortalecimiento de la Guardia Interétnica Campesina y Popular
  • Derogación el código de policía ley 1801 del 2016 y demás normas que tienen como finalidad la criminalización de la protesta social.
  • Parar el proceso Genocida contra el movimiento social.
  • Elegir por voto popular a los organismos de justicia y control.
  • Restructurar la doctrina militar.
  • Acabar las estructuras de apoyo de la fiscalía.
Minero Energético, Agrario y Ambiental
  • Propuesta de ley desde las comunidades en lo ambiental, de hidrocarburos y de recursos mineros.
  • El ingreso de las empresas al territorio debe ser avalado por las comunidades asentadas en los mismos.
  • No explotación de recursos naturales en territorios Indígenas, Afros, TCA y ecosistemas  estratégicos.
  • Rebaja a los combustibles.
  • Cumplimiento de las exigencias sobre la contratación de la oferta laboral y de servicio que hay en el territorio.
  • Reconocimiento jurídico de los Territorios Campesinos Agroalimentarios.
  • Revisar y reestructurar de forma concertada las instituciones que tienen que ver con la productividad y la economía popular campesina.
  • Reforma agraria integral democrática y popular.
  • Constitución y ampliación de los resguardos indígenas, y que sean inalienable, imprescriptible, indivisible e inembargables.
  • Derogar los TLC firmados.
  • Los insumos agropecuarios deben ser a precio justo, se debe incentivar la producción de abonos orgánicos y agroecológicos que contribuyan a la tierra y el ambiente y no genere altos costos de producción.
  • Impulsar el banco de semillas nativas, no a las semillas transgénicas.
  • Rechazamos la aplicación del catastro multipropósito por las afectaciones que esto trae a la población: incluye el tema sísben IV, expropiación, factura electrónica.
  • Exigimos se pague la deuda social, ambiental y humanitaria que ha causado la explotación de los recursos naturales por más de 30 años en el territorio.
  • Que las corporaciones ambientales cumplan el papel en función de la preservación del ambiente y el territorio.
  • Que las consultas previas sean vinculantes.
Movilidad y transporte
  • Construcción y mantenimiento de vías a cargo del Estado.
  • Peajes administrados por el Estado o de manera comunitaria.
  • Que las empresas que realicen trabajos en la zona utilicen de manera exclusiva los servicios de las cooperativas y empresas de transporte locales.
  • Que el transporte de pacientes sea a través de servicio público especial.
  • Mayor cupo de combustible subsidiado.
  • Exigir a las empresas petroleras mejorar las vías de sus zonas de influencia.
  • Formalización de los conductores de todo tipo de servicio público.
  • Que se incluyan todas las rutas a nivel nacional en la tabla de fletes.
  • Disminuir precios de pólizas, primas y seguros a los vehículos de servicio público.
  • chatarrización 1-1.
  • Gestión para la ampliación de nuevas rutas aéreas que conecten la región con el país.
  • Que se legalicen los puertos fluviales, locales y fronterizos.
  • Garantizar la navegabilidad en los afluentes.
Movilización
  • Promover una huelga general en la que se dé un cese de actividades de todos los sectores, para poder generar un mayor impacto en el gobierno.
  • Buscar un punto de consenso en las particularidades por medio de pedagogías implementadas a través de distintos canales de divulgación, ejemplo: videos, folletos, reuniones en las comunidades, ollas comunitarias pedagógicas y demás actividades que permitan generar conciencia colectiva. Utilizar con mayor eficacia los medios masivos de comunicación.
  • Generar conciencia en la población en general, y aumentar el porcentaje de apoyo a la movilización.
  • Los espacios de diálogo con los diferentes sectores de la sociedad son importantes para poder generar acercamiento y consenso para la realización de los paros.
  • Juicio ético para alcaldes, concejales, diputados y gobernadores, entre otros de elección popular.
  • Moción de censura cuando se considere pertinente a funcionarios públicos.

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